El planteo llevado por la Coordinadora Nacional Afrouruguaya también incluye crear un mecanismo institucional para actuar de oficio e investigar situaciones de discriminación racial.
La Coordinadora Nacional Afrouruguaya solicitó al gobierno una ley integral que declare la emergencia social de la población afrodescendiente -nativa y migrante- y permita llevar adelante una política de Estado “coherente y planificada a nivel de los próximos años”.
El planteo se hizo este lunes en el marco de una audiencia por teleconferencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los derechos humanos de las personas afrodescendientes en Uruguay; la anterior instancia similar fue en 2011. En esta ocasión, los representantes del Estado se centraron en mencionar diversas medidas y organismos relacionados a la población afrodescendiente y se comprometieron a contestar en un plazo de 60 días consultas de integrantes de la CIDH, en especial referidas a la falta de cumplimiento de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia (Cirdi).
Las recomendaciones de las organizaciones que integran la Coordinadora Afrouruguaya se basaron en la necesidad del cumplimiento de la Cirdi, ratificada por Uruguay en 2017, y señalaron el estancamiento y la falta de implementación de políticas públicas dirigidas a las personas afrodescendientes, a cuya situación crítica se sumó el impacto negativo de la pandemia por covid-19, sin medidas específicas para esta población.
Entre otros puntos, este colectivo recomendó al Estado que active mecanismos en los tres poderes para resolver la violencia racial que vive la población afrodescendiente. En esta línea, considera necesaria la creación de un mecanismo institucional que tenga competencias para actuar de oficio e investigar los casos que pueden encuadrarse en situaciones de discriminación racial.
Con respecto a la seguridad pública, los voceros de la coordinadora recordaron que Uruguay ocupa el primer puesto de los países de América del Sur en cuanto a la relación entre presos y el total de la población; en un agregado, según datos presentados por el Fondo de Población de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la probabilidad de ser encarcelada de una persona afrodescendiente en Uruguay es más de tres veces superior a la del resto de la población, por lo que es posible que exista una mayor tendencia a la punitividad sobre dicho colectivo.
Mencionaron falencias de la Comisión Honoraria contra el Racismo y nombraron varios casos de racismo recientes, entre ellos la agresión verbal a la deportista olímpica Déborah Rodríguez en la previa de un partido de fútbol; la muerte de una persona afrodescendiente en un hospital por mala atención y discriminación; y comentarios racistas del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, y de un concejal de Maldonado.
Además, solicitaron que se promuevan acciones que mejoren la efectiva implementación de Ley 19.122 de acciones afirmativas para la población afrodescendiente, y subrayaron que en 2020 la cuota de 8% prevista en esa ley para los puestos de trabajo en el Estado tuvo una baja sustantiva y se ubicó en 0,6%. También marcaron que, por omisión en la recolección de datos del Instituto Nacional de Estadística sobre la ascendencia étnico racial, no se poseen números desagregados sobre el impacto directo en la población afrodescendiente en el período de pandemia 2020-2021.
Los representantes de la Coordinadora Afrouruguaya solicitaron una reunión formal con los ministros de Relaciones Exteriores y Desarrollo Social para tratar estos temas, que lleve a “puentes fluidos de trabajo colaborativo”. Pretenden que se inicie una mesa de trabajo para construir una hoja de ruta que permita cumplir con los requerimientos establecidos en la Cirdi y que se defina la institución rectora -acordada en la propia Convención-, para lo que reclaman un espacio de consulta con la sociedad civil.
Gobierno: “El Estado no es omiso”
La representación oficial, integrada por funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Trabajo y Seguridad Social, y Turismo, afirmó que el Estado no ha sido omiso en el cumplimiento de la Convención Interamericana contra el Racismo. Dijeron que desarrolló políticas, programas, acciones afirmativas y planes para el goce de derechos y libertades fundamentales en ese sentido, aunque queda trabajo para conseguir los estándares establecidos por el sistema interamericano y la ONU.
El gobierno afirmó que se creó una “nueva institucionalidad para la igualdad de oportunidades de las personas afrodescendientes”, y destacó entre las medidas la creación de la División de Políticas Públicas para Afrodescendientes del Ministerio de Desarrollo Social en 2020. Además, mencionaron el plan Accesos, que da oportunidades laborales y otorgó prestaciones sociales durante la pandemia, y el Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendientes 2019-2022.
Las tres integrantes de la CIDH que participaron en la audiencia hicieron observaciones y consultas al Estado sobre la situación de la población afrodescendiente.
También participó Jan Jarab en representación de la Oficina de la Alta Comisionada de las ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien dijo que el Estado uruguayo dio pasos importantes hacia el reconocimiento de la situación de las personas afrodescendientes, pero resta tomar medidas en diferentes temas. Mencionó la necesidad de revisar la definición de discriminacion directa e indirecta en esferas del derecho y la vida pública.
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